Policía: omisiones criminales
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Con el argumento de que ellos no son “como los de antes”, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García se toma libertades que expresamente prohíbe la ley electoral. *** El Órgano Público Local Electoral (OPLE), sin embargo, se limita a emitir una “medida cautelar” que consiste en ordenarle al mandatario estatal que retire de sus redes sociales un video que elaboró desde Casa Veracruz, en el que anunció que la ingeniera Rocío Nahle había sido elegida (a pesar de no ganar el proceso interno) precandidata al gobierno de Veracruz. *** La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE acordó que era “procedente” la aplicación de la medida cautelar al gobernador, en relación con la “vulneración de los principios de imparcialidad y equidad de la contienda electoral”. *** Le ordenó al titular del Ejecutivo estatal que, en un plazo no mayor a 24 horas, “realice las acciones y gestiones necesarias para eliminar la publicación”, alojada en la cuenta oficial de Facebook del mandatario. *** La falta -aseguran los expertos- amerita algo más que esa medida. Es materia para una denuncia penal, que tendría que ser radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. *** Por lo pronto, hay otras denuncias en las que se señala al gobernador Cuitláhuac García y a personal de su equipo de trabajo, de violar las restricciones electorales con el afán de favorecer a la precandidata de su partido. *** Es momento de que é árbitro electoral muestre firmeza en sus decisiones, o la elección se le saldrá de las manos.
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En el año 2018, en vísperas de las elecciones que le dieron la oportunidad de llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador asistió a la Convención Bancaria y ahí lanzó una amenaza que sigue latente hasta nuestros días:
“Después del primero de julio, yo me voy a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas (a su rancho). Si se atreven a un fraude, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. Quien suelte al tigre, que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”.
Este fin de semana, en la cabecera municipal de Lerdo de tejada, tuvimos una minúscula demostración de lo que podría suceder si “se suelta el tigre”.
La noche del viernes, Brando de Jesús Arellano Cruz, de 27 años, le llamó a su padre Delfino Arellano:
– Papá, me viene siguiendo una patrulla, voy para la casa de mi abuela.
El joven alcanzó a llegar. Detuvo su vehículo en la calle Luis Echeverría de la colonia Paulino Ortiz. Sin embargo, los policías que lo perseguían le dispararon. Al menos dos balas penetraron la ventanilla trasera del vehículo, una de ellas le dio en el cuello y provocó su muerte.
Su padre, Delfino Arellano, un profesor muy conocido en la ciudad, llegó segundos después y tras eludir a los policías llegó hasta el vehículo. Trató de reanimarlo, pero era demasiado tarde.
“Logré pasar y mi hijo quedó inconsciente, ya había perdido la vida, un disparo en la yugular por la espalda, de manera artera, mi hijo ya había parado su carro y aun así ellos abrieron fuego”, narró más tarde el padre.
Eran cuatro los policías municipales, quienes viajaban en una patrulla con logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
En el sitio se reunieron decenas de pobladores, que empezaron con un reclamo a los uniformados, hasta convertirse la discusión en un linchamiento. La llegada de elementos de la policía estatal evitó que los policías municipales fueran ejecutados por la gente. Aún así, resultaron con severas heridas, lo que obligó a que los trasladaran a un hospital.
Los ciudadanos, coléricos, quemaron la patrulla y se trasladaron al Palacio Municipal, al que también le prendieron fuego.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) se apresuró a aclarar que los autores de ese acto criminal no eran elementos de su corporación y que la participación de la policía estatal sólo se dio para evitar el linchamiento de los uniformados.
No es del todo verdad. Aunque Lerdo de Tejada mantiene en su estructura un área de seguridad pública municipal, ésta es controlada, en lo operativo, por los mandos estatales. Esto, a raíz de que, en 2021, fueron detenidos cinco elementos de esa corporación, acusados de desaparición forzada.
Los padres de Brando Arellano, lo mismo que otros pobladores de Lerdo, denunciaron: es “común” que los policías municipales se dediquen a asaltar a cualquier vehículo que transite durante la noche. Los detienen, los amenazan con inventarles cargos (sembrarles drogas o armas) y terminan exigiéndoles dinero para dejarlos ir.
Esto es, sin duda, consecuencia del abandono en el que se encuentran los cuerpos policiacos, producto una política de seguridad a nivel federal, que optó por “los abrazos” en lugar de “los balazos”.
El presupuesto para seguridad que se ejercía en los estados, hasta antes de la actual administración federal, se integraba de las partidas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y, hasta el 2020 (porque el gobierno federal lo eliminó), el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
De 2018 a 2022, en términos reales, el FASP se mantuvo estancado y el Fortaseg desapareció.
En 2018 el FASP tuvo un presupuesto de 6 mil 989 millones de pesos y para 2022 fue de 7 mil 988 millones, mientras que el Fortaseg pasó de 5 mil millones de pesos en 2018 a 4 mil millones en 2021 y para 2022 ya no se le asignaron recursos.
En presupuesto de Egresos para 2023 el Congreso le asignó 8 mil 786 millones de pesos al FASP.
Es evidente que los recursos no sólo son insuficientes para atender las necesidades básicas de un cuerpo de policía, sino que se reducen de manera significativa, mientras la mayoría de los delitos de alto impacto continúan en ascenso o se mantienen en niveles extremadamente altos.
El gobierno federal falló, además, en el cumplimiento de los artículos transitorios de la ley que dio origen a la Guardia Nacional, en los que se establece que en un periodo de cinco años se debían fortalecer las policías locales. Concretamente se ordena “fortalecer capacidades operativas e institucionales”.
Nada de eso ha sucedido.
Hoy una familia en Lerdo de Tejada llora la muerte de un joven inocente, que fue víctima de las criminales omisiones de nuestras autoridades.
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Epílogo.
Y el sur de la entidad se volvió a sacudir este domingo, con la noticia de que dos reconocidos ganaderos, los hermanos Cristian y Oswaldo Vázquez Feria, fueron encontrados sin vida en sus corrales de la comunidad Arroyo Zacate, del municipio de Playa Vicente, a un lado de la carretera federal Palomares-Tuxtepec. *** Las autoridades asumen que los ganaderos fueron víctimas de un ataque homicida, por lo que iniciaron las investigaciones. *** El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que en el estado de Veracruz se permitirá que emitan su voto aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad en algún reclusorio, pero que no han sido sentenciadas. *** Lo preocupante de esto, es que calculan que en las cárceles de esta entidad hay al menos ¡4 mil 500 reos sin sentencia! ¿Dónde quedó, entonces, el principio fundamental de la presunción de inocencia?
